Criminalizando la protesta y la disidencia de los/as de abajo

(Texto escrito para los amigo/as de la revista chilena Acción Directa, de Chile)

Desde el año 1998 un gobierno, retóricamente de izquierda, ha tomado el poder en Venezuela. Desde esa fecha, los representantes de la nueva burocracia han iniciado un insistente proceso deslegitimizador de todos los cuestionamientos a su gobierno, especialmente contra quienes desde la izquierda (y obviamente el anarquismo) lo rechazan. Me detengo en este punto. Es cierto que en el llamado “antichavismo” conviven algunos de los sectores más conservadores del país, representantes del anterior status desplazados del poder. Pero tras esta afirmación apunto que no es posible entender la situación venezolana atendiendo al esquema infantil gobierno (izquierda) versus “oposición” (derecha).

Los anarquistas venezolanos hemos expresado nuestro rechazo al proyecto bolivariano por varias razones. La primera es que detrás del discurso “izquierdizante” del ejecutivo, las políticas concretas han profundizado el rol del país en la globalización económica: a saber, la venta de hidrocarburos, de manera segura y confiable, al mercado energético mundial. A pesar de su discurso anti-imperialista, el gobierno radicado en Miraflores ha revertido el proceso de nacionalización del petróleo, y ha hecho socias del negocio, a través de la figura de las empresas mixtas, a compañías como Chevron, British Petroleum, Repsol, entre otras. En segundo término, y debido a lo anterior, por una agresiva política fiscal de corte neoliberal, el gobierno está disfrutando de la mayor bonanza económica de los últimos 30 años. Esto ha ocasionado,  por una parte, la aparición de una nueva burguesía, amparada por sus relaciones con el Estado, la cual gobierna junto a los sectores oligárquicos tradicionales vinculados con los sectores dinámicos de la mundialización (telecomunicaciones, banca y finanzas, seguros…). Por otra, que a pesar de tales cantidades de dinero, la situación de las clases mas desfavorecidas del país no ha mejorado sustancialmente. A contracorriente de su propaganda, el gobierno bolivariano no ha cambiado una de las distribuciones de riqueza, del PIB, más desiguales del continente. En tercer lugar, por la estatización militarizada de todos los órdenes de la vida social en Venezuela, especialmente la institucionalización de los movimientos sociales de base. No solamente realizamos una refutación antiautoritaria del gobierno venezolano, sino una nítida crítica anticapitalista que nos diferencia claramente de la oposición mediática, precisamente, el tipo de antagonista “arquetipo” que interesa difundir como contrario por los voceros del actual tren ejecutivo. Reiteramos que, desde el periódico El Libertario, hemos caracterizado la confrontación de poderes ocurridas en Venezuela como una pugna inter-burguesa, entre factores y representantes de las clases dominantes. Por ello nuestro rechazo, a ambos, se acompaña de la propuesta de la reconstrucción beligerante de la autonomía de los movimientos sociales, un espacio que creemos como precondición para el desarrollo de una alternativa y una propuesta libertaria para el país.Contra mí, los guarimberos

Durante el año 2004, sectores de la oposición desarrollaron una particular táctica de protesta, la cual denominaron “Guarimba”. Esta consistía en que los cierres de calle debían hacerse en los territorios considerados “seguros” por los oposicionistas: las avenidas aledañas a sus residencias, la puerta de sus edificios, etc. El término “Guarimba” pasó a ser utilizado, desde entonces, por el gobierno para criminalizar cualquier manifestación y relacionarla con un plan orquestado desde El Pentágono y la CIA. En este sentido, “guarimberos” han sido llamados quienes han osado a interrumpir la paz social protestando por falta de empleo, de viviendas, de servicios públicos en sus comunidades. Esto ha generado un fenómeno particular: la gran mayoría de los manifestantes por derechos sociales protestan vestidos de rojo y expresando su adherencia al presidente, denunciando a los funcionarios del ministerio correspondiente a quienes señalan por su ineficiencia. Cuando estas protestas alcanzan cierta trascendencia, medios de comunicación estatales y estatizados (como el caso de los cientos de medios “alternativos” subsidiados por el gobierno) las califican de guarimbas, siendo enfrentadas en la calle por movimientos de base del llamado “chavismo radical”. En este sentido se repite el caso argentino (de un sector de los piqueteros) y chileno (PC), en el que antiguos militantes de izquierda conservan sus nuevas parcelas de poder enfrentando a las protestas populares en la calle. Protestas de vendedores informales (buhoneros), comunidades sin vivienda, conductores de transporte público, trabajadores de hospitales públicos y estudiantes han sido “disueltas” por militantes de grupos identificados con el populismo chavista, quienes para tal labor reciben apoyo logístico y económico desde diferentes instancias del gobierno. En este sentido, “intelectuales” ligados al oficialismo han desarrollado una teoría llamada “inteligencia social”, mediante la cual explican como realizar labores policiales por parte de miembros de comunidades organizadas.

Durante el año 2005 el gobierno bolivariano realizó una reforma del Código Penal (CP) –un instrumento jurídico que establece los crímenes y sus castigos en el país- en el que, se detalló como nunca antes, la penalización para quienes obstaculizaran el tránsito mediante el cierre de calles, así como para quienes ocuparan un terreno de manera “ilegal”. Recientemente, el Ministro de Interior y Justicia, Pedro Carreño, ubicó dentro de la categoría de “manifestaciones violentas” aquellas que cerraran el paso e incendiaran cauchos. Diversas organizaciones de derechos humanos han realizado el monitoreo de la represión de las manifestaciones por casa, empleo, seguridad y servicios públicos. En el primer trimestre del 2007, 23 de estas manifestaciones fueron reprimidas y 99 de sus participantes resultaron detenidos. Cuando el malestar social ha trascendido el horizonte del clientelismo populista, mediante el cual se ha mantenido una falsa paz social en Venezuela, la respuesta del gobierno han sido las bombas lacrimógenas, los perdigones y las detenciones.

En medio de una sociedad altamente polarizada, los y las anarquistas tratamos de reconstruir un tejido social de base, resistencia y lucha, que posea una autonomía beligerante y que constituya pacientemente una alternativa. En la actualidad, El Libertario participa en esfuerzos unitarios que, desde la izquierda revolucionaria y anticapitalista, intentan avanzar en este sentido. Desde 1995 difundimos críticas acerca de lo que representa el populismo militar del movimiento bolivariano, las cuales se han ido confirmando con el tiempo. Por ello hemos tenido que enfrentar una guerra sucia, la cual no discute argumentos y ventila infamias y adjetivos descalificativos. Se nos ha acusado de todo: desde recibir dinero del mismísimo George W. Bush o de los partidos de derecha mundial y local –saco en el que meten, risiblemente, a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) española-, ser traficantes de drogas hasta los señalamientos realizados históricamente por el stalinismo contra los heterodoxos: ser “pequeño-burgueses”, “hacerle el juego a la derecha” o “contrarrevolucionarios”. A pesar de nuestra modesta labor, hemos recibido diferentes tipos de amenazas, hostigamientos y agresiones que persiguen silenciar nuestra voz y acallar las diatribas que, desde la izquierda autónoma y revolucionaria anticapitalista, muestran las costuras y contradicciones del llamado “socialismo del siglo XXI”.Para quien desee conocer más sobre Venezuela, puede visitar www.nodo50.org/ellibertario, www.insurgentes.org.ve, www.cna.insurgentes.org.ve, www.soberania.org, www.acultura.org,