Rafael Uzcátegui
Hoy 04 de octubre se cumplen 28 años desde que un operativo militar, por tierra y por aire, asesinó a 23 personas que deliberaban en un campamento guerrillero la posibilidad de reincorporarse a la actividad legal. Aquel suceso pasó a la historia con el nombre de “Masacre de Cantaura” y forma parte de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país en la década de los 80´s.
En 1999, al asumir el poder un gobierno que representaba un profundo recambio burocrático institucional, con justeza declaró que todas y cada uno de estos delitos iban a ser investigados y sancionados. Tanto en los hechos de Cantaura, como en las masacres de Yumare (08.05.86), Amparo (28.10.88) y Caracazo (27.02.89), los hechos fueron investigados por la justicia militar con el objetivo de preservar su impunidad y exculpar a sus responsables. Por ello uno de los avances de la nueva Carta Magna, aprobada tras un proceso constituyente, fue la de establecer, artículo 261, que “La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, será juzgada por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. De esta manera, los familiares de las víctimas de Yumare y Cantaura han logrado que el Ministerio Público reabra sus casos, canalizándolos por los tribunales ordinarios y ordenando diferentes actuaciones procesales.
Sin embargo lo que parece una clara voluntad política en saldar las deudas de justicia con los crímenes del pasado se ha venido contradiciendo con los hechos. Un extraño silencio, muy parecido a la complicidad, se escucha en esos sectores que hasta ayer eran enfáticos en la crítica a la impunidad en la masacre contra los integrantes del Frente Américo Silva, acerca de la candidatura y posterior elección de uno de sus autores materiales confesos a la Asamblea Nacional. Como recordaremos el ciudadano Roger Cordero Lara fue postulado para el circuito 2 del estado Guárico por parte del PSUV. Cordero hizo campaña electoral codo a codo con Oscar Figuera, Secretario General del PCV candidato a voto lista por el mismo estado, el cual he recordado en diferentes momentos la lista de mártires comunistas asesinados por la “Cuarta República”. Salvo dos o tres excepciones, el grueso de los llamados medios comunitarios no alertaron sobre esta situación, y el desconcierto es mayúsculo ante la inexplicable ausencia de un señalamiento por parte del Comité de Víctimas de Cantaura.
Si este mutismo es preocupante, las justificaciones son más escandalosas. En una entrevista realizada por la periodista Sebastiana Barráez para el semanario Quinto Día, y publicada el pasado 01.10.10, el otrora fogoso dirigente estudiantil y hoy Vicepresidente de la República, Elías Jaua, justificaba la participación de Cordero Lara bajo la tesis de la obediencia debida: “A un piloto lo mandan a un objetivo determinado. Los responsables de ordenar la masacre, están precisamente del lado de la mesa de la ultraderecha”. La obediencia debida, justificación de todos los torturadores y asesinos en las dictaduras del cono sur, es rechazada en nuestra Constitución, artículo 25: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.
Albert Camus estableció, en su discurso de recibimiento del Premio Nóbel, dos premisas del oficio de escritor que hacemos profundamente nuestras: la negativa a mentir sobre lo que se sabe y la resistencia a la opresión. Hay quienes ostentan el adjetivo de defensores y defensoras de los derechos humanos y utilizan su condición como un trampolín, denunciando sólo las violaciones que puedan capitalizar políticamente. La justicia no es un arma que se esgrime contra un bando a favor de otro. Por eso hoy, desde Provea, solicitamos a la nueva Asamblea Nacional que realice los procedimientos administrativos para levantar la inmunidad parlamentaria del diputado Róger Cordero Lara, con el fin de facilitar las investigaciones sobre la Masacre de Cantaura. Pero con el mismo énfasis, pedimos que dicho mecanismo sea también aplicado contra otro funcionario electo acusado de presuntas violaciones al derecho a la integridad y el derecho a la vida. Hablamos de José Sánchez “Mazuco”, diputado electo por el circuito 5 del estado Zulia, denunciado por su presunta participación en las torturas y asesinato, como funcionario policial, en contra del agente del DIM Vicente Macías. Debe ser un tribunal, ajustado al debido proceso, el que dictamine su culpabilidad o no en el crimen, ajeno a la protección otorgada por su investidura parlamentaria.
En el 28 aniversario de la Masacre de Cantaura Provea también ha exigido que el expediente sobre el caso sea desclasificado y de acceso público; un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre el diputado Róger Cordero así como la finalización y divulgación de la investigación prometida por la “Comisión Especial para Investigar los Asesinatos y Desapariciones en los años 60, 70 y 80”. Nuestra palabra de solidaridad y aliento para todos los familiares y conocidos de aquellas 23 personas asesinadas por la espalda en Cantaura, un nefasto 04 de octubre de 1982. (Correo del Caroní, 04.10.10)
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