Rafael Uzcátegui
A pesar que, al momento de escribir estas notas, no existe ningún pronunciamiento de militar activo o retirado pidiendo interrumpir el hilo constitucional, el gobierno del presidente Maduro insiste en la versión de enfrentar un “Golpe de Estado”, que según sus analistas, “repite el guión el 11 de abril de 2002”. Quienes no tenemos responsabilidades de gobierno podemos tener más o menos elementos para diagnosticar correctamente un fenómeno, pero la precisión realizada por el Ejecutivo esta teniendo consecuencias lamentables para la vigencia de los derechos humanos en el país.
Como han descrito correctamente psicólogas sociales como Mireya Lozada, las consecuencias de la polarización política en la sociedad venezolana han sido un estrechamiento del campo perceptivo (binomio “nosotros-ellos”); Fuerte carga emocional (aceptación y rechazo sin matices); Involucramiento personal (cualquier hecho afecta a la persona) y el quiebre del sentido común (posiciones rígidas e intolerantes suplantan la discusión, el diálogo o debate de posiciones diversas). En el caso del Ejecutivo, quien posee una mayor carga de responsabilidad, se ha desplegado a partir de la polarización del conflicto, una estrategia de criminalización de la disidencia. El primer paso de esta operación, es la deshumanización de su antagonista.
La deshumanización es un proceso mediante el cual un ser humano llega a percibir a otro como “no humano” lo cual permite que pueda eliminarlo o agredirlo sin las inhibiciones morales que en condiciones normales impiden los actos de violencia entre iguales. En consecuencia, las agresiones contra seres “no vivos” o despojados de su humanidad son percibidos como normales, inevitables, merecidas y justificadas, obteniendo incluso sus victimarios reconocimiento social por su acción. La deshumanización es promovida por diferentes medios, uno de ellos el lingüístico: Uso de palabras despectivas, convenientemente resignificadas, para definir a víctimas y exponerlas como merecedoras de agresión. Por medio de esta estrategia los voceros estatales no refutan los mensajes cuestionadores provenientes de los actores sociales con argumentos o datos, sino que permanentemente descalifican al mensajero con epítetos deshumanizadores: tarifados, apátridas, derechistas, imperialistas o escuálidos, entre otros. Al transformar “personas” en “cosas”, perjudiciales y negativas, el Estado promueve su eliminación simbólica o física.
Parafraseando a Castoriadis, cuando el Ejecutivo señala que alguien es “golpista’, esto no significa ni que lo es ni que el gobierno piensa que lo es. Simplemente expresa que la orden ha sido dada, a todos los concernidos, para tratar al individuo en cuestión según el código de tratamiento aplicable a los “golpistas”. Por ello mientras el gobierno continúe afirmando que enfrenta un “Golpe”, está garantizando impunidad en las reacciones de sus seguidores. Por ello el diálogo y reconocimiento del otro son necesarios para detener la violencia.
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