Coronavirus: Objetivo militar

Rafael Uzcátegui (Para La Silla Vacía – Colombia)

El 22 de marzo de 2020 los habitantes de Caracas observaban con perplejidad como un grupo de aviones Sukhoi y F-16, pertenecientes a la Fuerza Armada, surcaban el cielo de la ciudad, dejando tras de sí una estela gaseosa que semejaba los colores de la bandera nacional. 9 días antes había sido decretado el “estado de alarma” que ordenaba la cuarentena social para la población, como parte de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro a la pandemia del Covid-19. El desfile aéreo militar, calificado por las autoridades como la “Operación alegría” era, según la información oficial “la señal de unión en la lucha contra el coronavirus”. El detalle no es una extravagancia aislada, sino el reflejo que la respuesta de Miraflores a la enfermedad es en primer lugar militar, luego político y, en un lugar subordinado, médico y técnico-científico.

Salvo el aislamiento preventivo de la población en sus hogares Nicolás Maduro no está realizando en Venezuela nada extraordinario, o fuera de lo común, que no haya aplicado antes del 13 de marzo. El país ha dejado de ser una democracia, donde la ausencia de cualquier tipo de control institucional o social ha catalizado los efectos de la emergencia humanitaria compleja. En la lógica de mantenerse en el poder el gobierno ha promovido tres estrategias básicas: Simulación, invisibilización y represión. Luego de la pérdida de la mayoría electoral, como se evidenció en diciembre de 2015 cuando la coalición oficialista se ubicó 2 millones de votos por debajo de la opositora, esta trilogía es posible por el apoyo de las Fuerzas Armadas, que se ha mantenido visiblemente cohesionada a pesar de todos los esfuerzos por dividirla. Bajo la amenaza de la represión selectiva, o abierta cuando sea necesario, el control de los territorios y los cuerpos es realizado por la Guardia Nacional Bolivariana y las Fuerzas de Acciones Especiales, en coordinación con el llamado “poder popular”, que incluye la actuación de grupos de civiles armados, todos protagonistas de los últimos informes internacionales de violación de DDHH en Venezuela. En paralelo se ha construido una importante hegemonía comunicacional, diseñada por el antiguo ministro de comunicación Andrés Izarra, que paradójicamente ante la deriva dictatorial del gobierno hoy se ha alejado política y físicamente del gobierno, viviendo en Alemania desde hace varios años. La estrategia de simulación implica que no suceda nada en Caracas, aunque las regiones sean las “Casas muertas” que alguna vez describió en una novela Miguel Otero Silva, por lo que literalmente se les quitan los servicios básicos a las ciudades del interior, para que falte menos en la capital.

Persistir, en fin, en que se desarme la batalla contra el Covid-19 y se enfrente como lo que realmente es: Una emergencia sanitaria en un país al borde de la catástrofe humanitaria.


Bajo la pandemia este modelo de gobernabilidad no ha sufrido apenas variaciones. El gran ausente de la vocería oficial ha sido el ministro de salud Carlos Alvarado. En su lugar, además de Nicolás Maduro, la información es suministrada por operadores políticos y militares: Jorge y Delcy Rodríguez, Miguel Padrino López y Diosdado Cabello. Sus declaraciones son escuetas. Además de los datos sobre afectados y fallecimientos el resto son consignas, donde se califica el operativo como una nueva “batalla” de la revolución. Y esto no es una narrativa épica para levantar la moral de los venezolanos frente la incertidumbre. Lo que se ha diseñado como respuesta excluye al resto de la nación, incluyendo a la mayoría de la burocracia chavista que recibe el mismo tipo de indicaciones, por los medios de comunicación estatales, que el resto. Esta necesidad de controlar lo que se pueda saber es la que explica que sólo se haya permitido la habilitación de un sólo laboratorio en Caracas, activo en el Instituto Nacional de Higiene, y se haya clausurado la posibilidad que clínicas privadas ofrezcan el servicio de pruebas de despistaje del Covid-19. Una de las razones del menor número de personas enfermas reconocidas es que este laboratorio apenas puede procesar 150 pruebas PCR al día. Mientras en el resto de América Latina hay campañas que intensificación el sentimiento de comunidad nacional, expresando la necesidad de “jugar en equipo” para superar la pandemia, en Venezuela se apela a un desfile de aviones de guerra.

En un reciente informe divulgado por Provea, donde se hace un balance de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el primer mes del estado de alarma, de las 34 detenciones arbitrarias ocurridas 10 fueron periodistas y 5 médicos y personal sanitario. Por su parte de los 31 casos registrados de ataques y actos de hostigamiento, en 22 situaciones las víctimas eran periodistas o integrantes de medios de comunicación. Los periodistas por informar y los médicos por alertar sobre la crítica condición de los hospitales para enfrentar una emergencia como la que hoy sufre el planeta entero.

A espaldas de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre “Mejorar los mecanismos de coordinación de toda la sociedad” para el diseño de la respuesta, Maduro apuesta que su despliegue político-militar tenga éxito, aunque la realidad haya que esconderla bajo la alfombra. Por otra parte, la “guerra” contra el Coronavirus es una continuación de la conflagración contra la mayoría de las fuerzas vivas presentes a lo largo y ancho del territorio. La confrontación del bolivarianismo contra el gremio médico venezolano es histórica. Alguna vez se intentó suplantar los profesionales de carrera del país por los médicos cubanos y un híbrido llamado “médicos integrales comunitarios”, graduados a toda prisa en las Universidades creadas por el Socialismo del Siglo XXI. Ante la falta de perspectivas, pero especialmente ante la ausencia de condiciones mínimas para realizar su labor el 55% del personal médico ha migrado del país desde el año 2002, según estimaciones del propio gremio. Y cómo es “una batalla”, el madurismo no está dispuesto a reconocer la legitimidad y valía de un sector contra el que ha estado en conflicto desde casi sus inicios. Historias similares pudieran relatarse de los medios de comunicación o los actores humanitarios locales, quienes también pudieran dar valiosos aportes en este momento.

Ante esta situación diferentes organizaciones de derechos humanos, en conjunto con diversas iniciativas sociales y ciudadanas, han venido planteando la necesidad de una “tregua humanitaria”, donde ante la gravedad de la situación las diferentes autoridades se pusieran de acuerdo para diseñar el mejor plan posible de respuesta, en el que incluyan a quien tenga el conocimiento y la capacidad de aportar su grano de arena. Hasta ahora no se han dado señales de una real voluntad para ello, pero se continuará insistiendo en la necesidad, ahora, de colocar la salud de la población sobre cualquier otra consideración. Persistir, en fin, en que se desarme la batalla contra el Covid-19 y se enfrente como lo que realmente es: Una emergencia sanitaria en un país al borde de la catástrofe humanitaria.

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